LEY-19.366
Fecha
Publicación:
30.01.1995
Organismo:
MINISTERIO
DE JUSTICIA
SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, DICTA Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEROGA
T I T U L O I {ARTS. 1-40}
De los delitos, sanciones, competencia y
Procedimiento
Artículo 1°.- Los que, sin contar con la competente
autorización, elaboren, fabriquen, transformen, preparen
o extraigan substancias o drogas estupefacientes o
sicotrópicas, productoras de dependencia física o
síquica, capaces de provocar graves efectos tóxicos o
daños considerables a la salud pública, serán penados
con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa
de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales.
Si se tratare de otras drogas o substancias de esta
índole que no produzcan los efectos indicados en el
inciso anterior, el tribunal podrá rebajar la pena hasta
en dos grados.
Se presumirán autores del delito sancionado en este
artículo quienes tengan en su poder elementos,
instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados
a la elaboración, fabricación, preparación,
transformación o extracción de las substancias o drogas
a que se refieren los incisos anteriores.
Artículo 2°.- Los que, sin contar con la competente
autorización, siembren, planten, cultiven o cosechen
especies vegetales del género Cannabis u otras
productoras de substancias estupefacientes o
sicotrópicas, incurrirán en la pena de presidio menor en
su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y
multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales, a menos que justifiquen que están destinadas
al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el
tiempo, en cuyo caso, serán sancionados según los
artículos 41 y siguientes.
Según la gravedad de los hechos y las circunstancias
personales del inculpado, la pena podrá rebajarse en un
grado.
La autorización a que se refiere este artículo será
otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero.
No podrá otorgarse dicha autorización a las personas
que se encuentren procesadas o hayan sido condenadas por
alguno de los delitos sancionados en esta ley y,
tratándose de sociedades, cuando cualquiera de sus
socios o administradores se encuentre en alguna de estas
situaciones.
Por el solo ministerio de la ley, se suspenderá la
autorización otorgada si con posterioridad a ésta se
produce el procesamiento de que se trata; y se cancelará
definitivamente, en caso de condena por sentencia firme
o ejecutoriada. Para los efectos pertinentes, el
tribunal comunicará estas resoluciones al Servicio
Agrícola y Ganadero.
Artículo 3°.- Los que, contando con la autorización
a que se refiere el artículo anterior, desvíen o
destinen al tráfico ilícito algunas de las especies
vegetales allí señaladas o sus rastrojos, florescencias,
semillas u otras partes activas, serán sancionados con
la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y
multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias
mensuales.
Artículo 4°.- El que, estando autorizado para
efectuar las siembras, plantaciones, cultivos o cosechas
a que se refiere el artículo 2°, abandonare, por
negligencia o descuido, en lugares de fácil acceso al
público, plantas, sus rastrojos, florescencias, semillas
u otras partes activas, o que no cumpliere con las
obligaciones establecidas en el reglamento sobre cierro
y destrucción de tales especies, será sancionado con la
pena de multa de veinte a doscientas unidades
tributarias mensuales.
Artículo 5°.- Las penas establecidas en el artículo
1° se aplicarán también a los que trafiquen, a cualquier
título, con las substancias a que se refiere dicho
artículo o con las materias primas que sirvan para
obtenerlas y a los que, por cualquier medio, induzcan,
promuevan o faciliten el uso o consumo de tales
substancias.
Se entenderá que trafican los que, sin contar con la
autorización competente, importen, exporten,
transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean,
suministren, guarden o porten consigo tales substancias
o materias primas, a menos que justifiquen que están
destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su
uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. En este
último caso, se aplicarán las normas de los artículos 41
y siguientes.
Artículo 6°.- La producción, fabricación,
elaboración, distribución, transporte, comercialización,
importación, exportación, posesión o tenencia de
precursores o de substancias químicas esenciales, a
sabiendas de que su finalidad es la preparación de
drogas estupefacientes o sicotrópicas para la
perpetración, dentro o fuera del país, de algunos de los
hechos considerados como delitos en esta ley, será
castigada con presidio menor en su grado máximo a
presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 7°.- El que, estando autorizado para
suministrar las substancias o drogas a que se refiere el
artículo 1° de esta ley o las materias primas que sirvan
para obtenerlas, lo hiciere en contravención de las
disposiciones legales o reglamentarias pertinentes, será
penado con presidio menor en su grado máximo a presidio
mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales. El
tribunal podrá, además, atendidas las circunstancias del
delito, imponer la medida de clausura temporal del
establecimiento por un plazo no inferior a sesenta ni
superior a ciento veinte días y, en caso de
reincidencia, la de clausura definitiva y la prohibición
permanente de participar, a cualquier título, en otro
establecimiento de igual naturaleza.
Artículo 8°.- El médico, dentista, matrona o
veterinario que recetare alguna de las substancias
señaladas en el artículo 1°, sin necesidad médica o
terapéutica, será penado con presidio mayor en sus
grados mínimo a medio y multa de cuarenta a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Artículo 9°.- El propietario, arrendatario,
administrador o tenedor, a cualquier título, de un bien
raíz, casa rodante, vehículo, nave o aeronave que lo
entregue a otra persona, a sabiendas de que lo usará
para elaborar, almacenar, expender o permitir el consumo
de las substancias señaladas en el artículo 1°, o para
sembrar o plantar especies vegetales productoras de las
referidas substancias en contravención a las
prohibiciones o restricciones legales, será penado con
presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de
cuarenta a doscientas unidades tributarias mensuales.
Las mismas penas se aplicarán al propietario,
arrendatario, administrador o tenedor, a cualquier
título, de un establecimiento de comercio, cine, hotel,
restaurante, bar, centro de baile y música, recinto
deportivo, establecimiento educacional de cualquier
nivel, u otro de similar naturaleza abierto al publico,
que permita o tolere habitualmente el tráfico o consumo
de alguna de las substancias mencionadas en el artículo
1°, no pudiendo menos que conocer la ocurrencia de tales
hechos. El tribunal podrá, además, imponer las medidas
de clausura establecidas en el artículo 7°.
Artículo 10.- El que suministre a menores de 18 años
productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales
como benceno, tolueno u otras substancias similares, en
proporción suficiente para producir efectos tóxicos o
sicotrópicos, sabiendo o debiendo saber que están
destinados a ser consumidos por dichos menores,
incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados
medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades
tributarias mensuales. El tribunal podrá, además,
atendidas las circunstancias del delito, imponer las
medidas de clausura y prohibición a que se refiere el
artículo 7°.
El tribunal deberá solicitar del Servicio de Salud
correspondiente el análisis químico de la substancia
suministrada, su naturaleza, contenido y composición,
como, asimismo, un informe acerca de los efectos tóxicos
o sicotrópicos que produce.
Artículo 11.- Los Oficiales y el personal de Gente
de Mar de dotación de buques de la marina mercante, de
naves especiales y de artefactos navales que, a bordo o
en el cumplimiento de sus funciones, fueren sorprendidos
consumiendo alguna de las substancias señaladas en el
artículo 1° o en circunstancias que hagan presumir que
acaban de hacerlo, serán sancionados con la pena de
presidio o reclusión menores en sus grados medio a
máximo y multa de diez a cien unidades tributarias
mensuales. La misma sanción se aplicará a los Oficiales
y Personal de Gente de Mar que fueren sorprendidos, en
idénticas circunstancias, portando dichas substancias
para su exclusivo uso personal.
Asimismo, con idénticas penas será castigado el
personal de Gendarmería de Chile y de la Policía de
Investigaciones de Chile que, en actos de servicio, sea
sorprendido en alguna de las circunstancias a que se
refiere el inciso anterior.
Las penas indicadas en los incisos anteriores no se
aplicarán a los que justifiquen el uso, consumo, porte o
tenencia de alguna de dichas substancias en virtud de
prescripción médica.
Artículo 12.- El que, a sabiendas que determinados
bienes, valores, dineros, utilidad, provecho o beneficio
se han obtenido o provienen de la perpetración, en Chile
o en el extranjero, de hechos constitutivos de alguno de
los delitos contemplados en esta ley, participe o
colabore en su uso, aprovechamiento o destino, será
castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a
medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias
mensuales. Se entiende por uso, aprovechamiento o
destino de los bienes aludidos precedentemente todo
acto, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que
importe o haya importado tenencia, posesión o dominio de
los mismos, sea de manera directa o indirecta,
originaria, simulada, oculta o encubierta.
Artículo 13.- Los juicios criminales por los delitos
penados en el artículo anterior sólo podrán ser
iniciados por querella o denuncia del Consejo de Defensa
del Estado, una vez concluida la investigación
preliminar a que se alude en los artículos siguientes.
Artículo 14.- El Consejo de Defensa del Estado
recibirá las denuncias e informaciones que cualquier
persona o entidad posea respecto de la perpetración de
los delitos tipificados en el artículo 12 de esta ley,
efectuará su examen y analizará los elementos
probatorios que reúna.
Corresponderá al Consejo, con el quórum de los dos
tercios de sus miembros en ejercicio, ordenar investigar
los hechos que puedan configurar tales delitos.
La investigación a que se refiere este artículo
tendrá un carácter meramente preliminar, esencialmente
administrativo, no contencioso y obligatoria sólo
respecto de los funcionarios y de las entidades a que se
refieren los incisos primero y segundo del artículo 16,
y la letra d) del inciso tercero del mismo artículo. Las
personas naturales o jurídicas distintas de las
mencionadas podrán, voluntariamente, proporcionar
antecedentes o testimonios cuando así lo deseen, sin que
puedan ser compelidas de manera alguna para el propósito
de la investigación.
La colaboración de las fuerzas de orden y seguridad
pública es obligatoria.
Los testimonios, voluntarios u obligatorios, que
tuvieren lugar durante la investigación preliminar se
prestarán bajo juramento o promesa de decir verdad.
Los que incurrieren en falsedad en tales
declaraciones serán sancionados con las penas del
artículo 210 del Código Penal.
Artículo 15.- El Consejo de Defensa del Estado
estará facultado para imponerse de cualquier sumario
penal y de todo otro proceso reservado o secreto en que
se sospeche fundadamente la existencia de antecedentes
acerca de hechos constitutivos de los delitos
contemplados en el artículo 12.
Artículo 16.- El Consejo de Defensa del Estado podrá
requerir directamente de las autoridades y funcionarios
o empleados de cualesquiera de los servicios de la
administración del Estado, de las instituciones o
servicios descentralizados territorial o funcionalmente
o de las entidades de derecho privado en que el Estado o
sus instituciones tengan aportes o participación
mayoritarios o igualitarios, la cooperación, la
asistencia, el apoyo, los informes y antecedentes que
estime necesarios para el cumplimiento de las funciones
que le asigna esta ley.
Asimismo, podrá efectuar actuaciones en el exterior
dirigidas a indagar y acumular pruebas acerca de la
procedencia u origen de los bienes, valores, dineros,
utilidad, provecho o beneficio a que se refiere el
artículo 12, pudiendo solicitar directamente asesoría a
las representaciones diplomáticas y consulares de Chile
en el exterior.
Además, el Consejo de Defensa del Estado podrá,
previa autorización judicial, disponer las siguientes
diligencias:
a) Impedir la salida del país de aquellas personas
de quienes, a lo menos, se sospeche fundadamente que
están vinculadas a alguno de los hechos previstos en el
artículo 12 de esta ley, por un período máximo de
sesenta días. Para estos efectos, deberá comunicar la
prohibición y su alzamiento a la Policía de
Investigaciones y a Carabineros de Chile. En todo caso,
transcurrido este plazo, la medida de arraigo caducará
por el solo ministerio de la ley, de lo cual deberán
tomar nota de oficio los organismos señalados;
b) Ordenar alguna de las medidas a que se refiere el
artículo 19 por un plazo no superior a sesenta días;
c) Recoger e incautar la documentación y los
antecedentes probatorios necesarios para la
investigación de los hechos, en caso de aparecer
indicios graves que de esta diligencia hayan de resultar
el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o
circunstancia importante para aquélla.
Esta medida sólo podrá ser encomendada a un
abogado funcionario del Consejo de Defensa del Estado,
el cual levantará acta de ella, la que expresará el
lugar donde se practica, el nombre de las personas que
intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que
hubiere principiado y aquella en que concluyere, la
relación del registro en el mismo orden en que se
hubiere efectuado y un inventario de los objetos que
se recojan. Se entregarán copia de dicha acta y de la
respectiva resolución, con indicación del tribunal
que la dictó, a la persona de quien se ha recogido o
incautado la documentación, y
d) Requerir la entrega de antecedentes o copias de
documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos
u otras operaciones sujetas a secreto o reserva, de
personas naturales o jurídicas, o de comunidades, que
sean objeto de la investigación, debiendo los bancos,
otras entidades y personas naturales que estén
autorizadas o facultadas para operar en los mercados
financieros, de valores y seguros y cambiario,
proporcionarlos en el más breve plazo.
Corresponderá al Ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago, que el Presidente de dicha Corte designe
por sorteo en el acto de hacerse el requerimiento,
autorizar previamente la práctica de las diligencias
a que se refiere el inciso precedente. El Ministro
resolverá de inmediato, sin audiencia ni intervención
de terceros. La resolución que rechace
la práctica de las diligencias solicitadas
será someramente fundada, y el Consejo de Defensa del
Estado podrá apelar de ella. La apelación será conocida
en cuenta y sin más trámite por la Sala de Cuenta de la
Corte de Apelaciones de Santiago, tan pronto se reciban
los antecedentes. El expediente se tramitará en forma
secreta y será devuelto íntegramente al Consejo de
Defensa del Estado, fallado que sea el recurso.
Las resoluciones a que se refiere el inciso
tercero se cumplirán desde que sean dictadas, sin
necesidad de notificación alguna, háyase o no
interpuesto recurso en su contra. El afectado tendrá
derecho a apelar dentro de los cinco días siguientes a
la fecha en que haya tomado conocimiento de ella.
Tratándose de la medida establecida en la letra c),
dicho plazo correrá desde que se le entregue el acta
y la copia de la resolución a que se refiere dicha
norma. La apelación se conocerá y fallará ne la misma
forma establecida en el inciso precedente.
Para llevar a efecto las actuaciones a que se
refiere el inciso tercero de este artículo, autorizadas
judicialmente, el Consejo de Defensa del Estado podrá
recurrir al auxilio de la fuerza pública, la que será
concedida por el Jefe de Carabineros o de la Policia
de Investigaciones más inmediato sin más trámite que la
exhibición de la autorización judicial correspondiente.
La fuerzqa pública se entenderá facultada, en estos
casos, para descerrajar y allanar si fuere necesario.
Los notarios, conservadores y archiveros deberán
entregar al Consejo de Defensa del Estado, en forma
expedita y rápida, los informes, documentos, copias de
instrumentos y datos que se les soliciten.
El otorgamiento de cualquier antecedente mencionado
en este artículo será gratuito y libre de toda clase de
derechos e impuestos.
Artículo 17.- La investigación preliminar a que se
refiere esta ley será secreta. Incurrirá en la pena de
presidio menor en sus grados medio a máximo, el que
entregue o difunda información de cualquier naturaleza
acerca de los antecedentes que se le solicitan,
inclusive del hecho de haber sido requeridos. Esta
prohibición y sanción penal se extenderá a toda forma y
medios de comunicaciones, cualquiera sea su naturaleza.
Asimismo, la resistencia o negativa a entregar los
informes, documentos y demás antecedentes a que se
refiere el artículo 16 será sancionada con la misma
pena.
El Consejo de Defensa del Estado deberá perseguir la
responsabilidad penal o civil que pudiere emanar de
alguna de las infracciones castigadas en este artículo,
sin perjuicio de hacerse efectivas las sanciones
disciplinarias y administrativas que correspondan de
acuerdo con la ley.
Artículo 18.- Concluida la investigación preliminar
a que se refieren los artículos anteriores, el Consejo
de Defensa del Estado, con el voto favorable de los dos
tercios de sus miembros en ejercicio, resolverá acerca
de la procedencia de deducir la acción penal. En caso
contrario, ordenará el archivo de los antecedentes, los
que permanecerán bajo la custodia del Secretario del
Consejo con carácter secreto, sin perjuicio de la
devolución de aquellos que fueren procedentes.
Artículo 19.- Deducida la acción penal por alguno de
los delitos contemplados en el artículo 12, el juez del
crimen adoptará todas las medidas necesarias para evitar
el uso, aprovechamiento, beneficio o destino de
cualesquiera clase de bienes, valores o dineros
provenientes de los delitos materia del proceso. Para
estos efectos, y sin perjuicio de las demás facultades
conferidas por la ley, podrá decretar, entre otras, la
prohibición de celebrar determinados actos y contratos y
su inscripción en toda clase de registros; retener en
bancos o entidades financieras depósitos de cualesquiera
naturaleza que sean; impedir transacciones de acciones,
bonos o debentures y, en general, cuanto conduzca a
evitar la conversión del provecho ilícito en actividades
que oculten o disimulen su origen delictual.
Sin perjuicio de prueba en contrario, se presumirá
el origen ilícito de los bienes a que se refiere el
inciso anterior.
Artículo 20.- El Consejo de Defensa del Estado, a
solicitud de la entidad de un país extranjero que
expresamente haya sido designada en un convenio
internacional para estos efectos, podrá proporcionar
información sobre operaciones sujetas a secreto o
reserva si ha sido solicitada con el fin de ser
utilizada en la investigación de delitos de tráfico de
substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas o de
aprovechamiento de los beneficios o utilidades que de
ellos provengan, y que pudieren haber tenido lugar fuera
de Chile.
Para proceder de esta manera, deberá previamente
cerciorarse razonablemente de que dicha información no
será utilizada en fines diferentes, y deberá entregarla
sólo a la entidad requirente. La Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras deberá entregar los
antecedentes que en conformidad con este artículo le
solicite el Consejo de Defensa del Estado.
Artículo 21.- El funcionario público que, en razón
de su cargo, tomase conocimiento de alguno de los
delitos contemplados en esta ley y, por beneficio de
cualquier naturaleza, omitiere denunciarlo a la
autoridad correspondiente; u ocultare, alterare o
destruyere cualquier tipo de prueba del mismo o de sus
partícipes, será castigado con presidio menor en sus
grados medio a máximo y multa de cuarenta a
cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Se castigará con las mismas penas al que, en razón
de su cargo o de la función que desempeña, tomase
conocimiento de alguno de los hechos a que se refiere
el artículo 12 y, por beneficio de cualquier naturaleza,
omitiere denunciarlo a la autoridad correspondiente, u
ocultare, alterare o destruyere cualquier tipo de prueba
del mismo o de sus partícipes.
Artículo 22.- Los que se asociaren u organizaren con
el objeto de cometer alguno de los delitos contemplados
en esta ley, serán sancionados, por este solo hecho,
según las normas que siguen:
1.- Con presidio mayor en su grado medio, si se
tratare de individuos que hubieren ejercido mando en la
organización o hubiesen aportado el capital.
2.- Con presidio mayor en su grado mínimo, si se
tratare de cualquier otro individuo que hubiese tomado
parte en la asociación o que, voluntariamente y a
sabiendas, hubiere suministrado, a alguno de sus
miembros, vehículos, armas, municiones, instrumentos,
alojamiento, escondite o lugar de reunión para la
comisión de estos delitos.
Artículo 23.- Las penas contempladas en esta ley
para crímenes y simples delitos serán aumentadas en un
grado:
1.- Si el delito se cometiere valiéndose de personas
exentas de responsabilidad penal, en conformidad con lo
preceptuado en el artículo 10, N°s. 1, 2 y 3, del Código
Penal;
2.- Si el delito se cometiere utilizando la
violencia o el engaño;
3.- Si el delito se cometiere en las inmediaciones o
en el interior de un establecimiento de enseñanza,
centro asistencial, lugar de detención, recinto militar
o policial, institución deportiva, cultural o social, o
sitios donde se realicen espectáculos o diversiones
públicas;
4.- Si se suministraren drogas o substancias
estupefacientes o sicotrópicas a menores de 18 años de
edad o cuando se promueva o facilite su uso o consumo a
dichos menores;
5.- Si el delito se cometiere por funcionarios
públicos aprovechándose de su investidura o de las
funciones que desempeñan, y
6.- Si el hechor indujere, promoviere o facilitare
el uso o consumo de estupefacientes, sicotrópicos o
hidrocarburos aromáticos u otras drogas o substancias
capaces de producir dependencia, a personas que se
encuentran a su cargo o bajo su cuidado.
Artículo 24.- Los delitos de que trata esta ley se
sancionarán como consumados desde que haya principio de
ejecución. La conspiración para cometerlos será penada
con presidio menor en su grado medio y multa de cuarenta
a doscientas unidades tributarias mensuales
Artículo 25.- Los instrumentos, objetos de cualquier
clase y los efectos de los delitos a que se refiere esta
ley y a que se hace mención en el artículo 114 del
Código de Procedimiento Penal, podrán ser destinados a
una institución del Estado que tenga como objetivo la
prevención del consumo indebido, el tratamiento y
rehabilitación de las personas afectadas por la
drogadicción, o el control del tráfico ilegal de
estupefacientes. Estos bienes podrán ser utilizados en
los fines propios de la entidad que los reciba, debiendo
ésta hacerse cargo de los costos de conservación.
La incautación de las armas y de los vasos u otras
cosas sagradas se regirá por las reglas generales. Los
dineros serán depositados en el Banco del Estado de
Chile, en cuentas o valores reajustables.
Si la incautación recae sobre establecimientos
industriales o mercantiles, sementeras, plantíos o, en
general, frutos pendientes, el tribunal designará un
administrador provisional, quien deberá rendir cuentas,
a lo menos, trimestralmente. La incautación de un
inmueble comprende el de sus frutos o rentas.
Si el tribunal estimare conveniente la enajenación
de alguna de las especies a que hace mención este
artículo o si ello se hace necesario debido a gastos de
administración y conservación que excedan su producido,
el juez de la causa la dispondrá en resolución fundada.
La enajenación se llevará a cabo por medio de martillero
designado por el tribunal, a través de venta directa o
subasta.
En este último caso y en el evento de que la
sentencia no condene a la pena de comiso de las especies
enajenadas, el precio de la venta, sus reajustes e
intereses será restituido a quien corresponda.
Artículo 26.- Las substancias y especies a que se
refieren los artículos 1°, 2°, 6° y 10 y, en su caso,
las materias primas empleadas en su elaboración, que
sean incautadas por los tribunales o por la policía
deberán ser entregadas dentro de las veinticuatro horas
siguientes al Servicio de Salud que corresponda.
Con todo, cuando circunstancias especiales así lo
aconsejen, el tribunal podrá ampliar este plazo hasta en
cuarenta y ocho horas, a solicitud de los funcionarios
que hubieren incautado las referidas substancias o
materias primas.
Los funcionarios responsables del retardo en el
cumplimiento de esta obligación serán sancionados con
una multa, a beneficio fiscal, equivalente al cinco por
ciento de su remuneración imponible mensual, por cada
día de atraso, sin que ésta pueda exceder del total de
dicha remuneración.
Las substancias estupefacientes o sicotrópicas y sus
materias primas y las que contengan hidrocarburos
aromáticos deberán destruirse por el Servicio de Salud
respectivo una vez separada una cantidad técnicamente
suficiente para los análisis de que trata el inciso
siguiente, y siempre que respecto de dichas substancias
no se discuta su legítima tenencia o posesión por
terceros.
El Servicio aludido deberá emitir, en el más breve
plazo, un protocolo de análisis en el que se
identificará el producto y sus características, se
señalará su peso o cantidad aproximados y se indicará,
además, la peligrosidad que revista para la salud
pública. Dicho protocolo de análisis tendrá el valor
probatorio señalado en el artículo 472 del Código de
Procedimiento Penal. Conservará, en todo caso, una
determinada cantidad de dicha substancia para el evento
de que el tribunal decrete nuevos análisis de la misma.
Esta muestra se conservará por el plazo máximo de
dos años, al cabo del cual se destruirá. De los
procedimientos administrativos de destrucción se
levantará acta, copia de la cual deberá hacerse llegar
al tribunal dentro del quinto día de haberse producido.
Efectuado el análisis a que se refiere el inciso quinto
de este artículo, las substancias químicas esenciales y
precursores deberán ser enajenadas en la forma dispuesta
en el inciso cuarto del artículo anterior.
Cuando las substancias estupefacientes o
sicotrópicas incautadas, las plantas o materias primas,
con excepción de químicos esenciales y precursores,
hagan difícil, por su cantidad, lugar de ubicación u
otras circunstancias, su traslado y almacenamiento, el
tribunal ordenará su incineración o destrucción en el
mismo lugar donde hubieren sido encontradas, debiendo,
en este caso, darse cumplimiento a las demás normas de
este artículo.
Artículo 27.- Sin perjuicio de las reglas generales,
caerán especialmente en comiso los bienes raíces; los
bienes muebles, tales como vehículos motorizados
terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de
comercio y valores mobiliarios; todo instrumento que
haya servido o hubiere estado destinado a la comisión de
cualquiera de los delitos penados en esta ley; los
efectos que de ellos provinieren y las utilidades que
hubieren originado, cualquiera sea su naturaleza
jurídica o las transformaciones que hubieren
experimentado, como, asimismo, todos aquellos bienes
facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del
destino u origen de los mismos.
Igual sanción se aplicará respecto de las
substancias señaladas en el inciso primero del artículo
26; y de las materias primas, elementos, materiales,
equipos y otros instrumentos utilizados o destinados a
ser utilizados, en cualquier forma, para cometer alguno
de los delitos sancionados en esta ley.
Artículo 28.- El producto de la enajenación de
bienes y valores decomisados y los dineros en tal
situación ingresarán al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional para ser utilizados en programas de prevención
y rehabilitación del uso de drogas. Igual aplicación se
dará al monto de las multas impuestas en esta ley y al
precio de la subasta de las especies de que hace mención
el artículo 675 del Código de Procedimiento Penal. Se
exceptúan de esta disposición las armas de fuego y demás
elementos a que se refiere la Ley sobre Control de Armas
y Explosivos.
El Ministro de Bienes Nacionales, con acuerdo del
Ministro del Interior, resolverá acerca de la
conveniencia de enajenar los bienes decomisados o de
destinarlos o donarlos a alguna institución pública o
privada que no persiga fines de lucro, entre cuyas
funciones esté la prevención del consumo indebido, el
tratamiento o la rehabilitación de las personas
afectadas por la drogadicción o el control del tráfico
ilícito de estupefacientes.
En lo no contemplado en esta ley, regirán las reglas
generales del Título I del Libro Cuarto del Código de
Procedimiento Penal.
Artículo 29.- A solicitud fundada del organismo que
investigue actos preparatorios, de ejecución o
consumados de alguno de los delitos sancionados en esta
ley, el juez del crimen del territorio jurisdiccional
donde aquellos se lleven o hayan sido llevados a cabo,
podrá autorizar que los envíos ilícitos o sospechosos de
las substancias a que se refieren los artículos 1° y 6°
salgan del territorio nacional, lo atraviesen, entren o
circulen en él, con el propósito de individualizar a las
personas que participen en la comisión de tales hechos.
Para estos efectos, el correspondiente organismo
deberá denunciar el delito y proporcionar los
antecedentes que permitan presumir fundadamente que la
autorización solicitada facilitará la individualización
de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero.
El juez del crimen estará facultado para decretar,
en cualquier momento, la detención de los partícipes y
la incautación de las substancias, si estima que la
autorización concedida pone en peligro la comprobación
del cuerpo del delito o facilita a los hechores eludir
la acción de la justicia.
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo,
el juez podrá solicitar de las autoridades policiales y
judiciales extranjeras la remisión de los elementos de
convicción necesarios para acreditar el hecho delictuoso
y las responsabilidades penales investigados en el país,
de conformidad a los convenios internacionales vigentes.
Artículo 30.- El juez del crimen que conozca de los
delitos contemplados en esta ley podrá requerir y
otorgar la más amplia cooperación destinada al éxito de
las investigaciones de los respectivos procesos
judiciales, de acuerdo con lo pactado en convenciones o
tratados internacionales, estando facultado para dar
copias de piezas o antecedentes específicos, aun cuando
la causa esté en sumario y en su etapa secreta.
Artículo 31.- El juez a que se refiere el inciso
primero del artículo 29, a solicitud fundada del
organismo policial que investigue alguno de los delitos
contemplados en esta ley, podrá autorizar la
intervención, apertura o registro de las comunicaciones
o documentos privados, o la observación, por cualquier
medio, de aquellas personas respecto de las cuales
existan fundadas sospechas de que intervienen en la
preparación o comisión de estos delitos.
La resolución se dictará sin conocimiento del
afectado y será siempre fundada.
Las medidas no podrán decretarse por un plazo
superior a veinte días, prorrogable por igual período.
El abuso de poder en el ejercicio de las
atribuciones que confiere este artículo será sancionado
con la inhabilitación temporal para el ejercicio de
cargos y oficios públicos.
Artículo 32.- En los delitos contemplados en esta
ley no procederá la atenuante de responsabilidad penal
contenida en el artículo 11, N° 7, del Código Penal.
Artículo 33.- Será circunstancia atenuante de
responsabilidad penal la cooperación eficaz con la
autoridad administrativa, policial o judicial, que
conduzca a la determinación del cuerpo del delito o de
sus autores, cómplices o encubridores, o sirva para
prevenir o impedir la perpetración o consumación de
otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en
esta ley. En estos casos, el tribunal podrá reducir la
pena hasta en dos grados.
Se entiende por cooperación eficaz el suministro de
datos o informaciones precisos, verídicos y
comprobables, que contribuyan necesariamente al
esclarecimiento aludido.
El tribunal que esté conociendo del proceso o el que
lo incoe en virtud de las declaraciones y antecedentes
proporcionados en conformidad a los incisos precedentes,
se pronunciará, tan pronto le sea posible y en cualquier
estado del juicio, acerca de la eficacia de la
cooperación prestada.
Tales declaraciones y antecedentes tendrán carácter
secreto desde que se den o entreguen a la autoridad o
funcionarios a que se refiere el inciso primero de este
artículo. El juez deberá formar cuaderno especial y
separado con todo ello y sólo tendrá acceso a éste el
tribunal al que corresponda el conocimiento y fallo de
algún recurso. El procesado tendrá acceso únicamente a
las piezas pertinentes de este cuaderno, cuando tales
antecedentes se hagan valer en su contra en el auto en
que se lo somete a proceso, si tiene conocimiento del
sumario, en la acusación o en la sentencia definitiva.
No obstante lo anterior, si con ocasión de la
investigación de otro hecho delictuoso el juez del
crimen respectivo requiere de dichos antecedentes, éstos
le serán proporcionados por un breve plazo, previa
calificación de su conveniencia por el tribunal
requerido. El superior jerárquico común dirimirá
cualquier dificultad que surja con ocasión de dicha
petición y de su cumplimiento.
El juez deberá disponer de inmediato todas las
medidas que sean necesarias para la protección de
quienes pudieren quedar comprendidos en algunos de los
casos mencionados en el inciso primero, como asimismo, a
favor del cónyuge, ascendientes o descendientes
legítimos o naturales y demás personas que, atendidas
las circunstancias del caso, lo requieran. Concedido
alguno de los beneficios señalados, el juez podrá,
además, autorizarlos para usar nombres y apellidos
distintos de los propios y el otorgamiento de nuevos
documentos de identidad. La Dirección General del
Registro Civil e Identificación adoptará todos los
resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto
de estas medidas.
Las resoluciones que el juez adopte en cumplimiento
del inciso anterior se estamparán en un libro especial,
que el secretario del tribunal guardará bajo custodia.
Todas las actuaciones judiciales y administrativas a que
den lugar las medidas a que se refiere este artículo
serán secretas. El empleado público que violare este
sigilo será sancionado con la pena de presidio menor en
sus grados medio a máximo.
Quienes hayan sido autorizados para usar nueva
identidad sólo podrán emplear ésta en el futuro.
El uso malicioso de los primitivos nombres o
apellidos y la utilización fraudulenta de los nuevos,
serán sancionados con la pena de presidio menor en su
grado mínimo.
Artículo 34.- En los procesos instruidos por delitos
contemplados en esta ley, el juez podrá denegar el
conocimiento del sumario, hasta la conclusión de éste,
si estimase que su otorgamiento constituye riesgo para
el éxito de la investigación o para la seguridad de
agentes encubiertos, informantes, testigos, peritos y,
en general, de quienes hayan cooperado eficazmente en su
instrucción.
Se entiende por agente encubierto el funcionario
policial que, debidamente autorizado por sus superiores,
oculta su identidad oficial y se involucra o introduce
en las organizaciones delictivas simulando ser parte de
ellas o estar interesado en la comisión del delito que
se investiga, con el propósito de identificar a los
partícipes o recoger las pruebas que servirán de base al
proceso penal.
Informante es quien suministra antecedentes a los
organismos policiales acerca de la preparación o
comisión de un delito o de quienes han participado en
él, o que, sin tener la intención de cometerlo, y con
conocimiento de dichos organismos, participa como si
fuese agente encubierto, en los términos señalados en el
inciso anterior.
Las personas mencionadas en este artículo podrán
declarar en lugar distinto del recinto del tribunal, de
cuya ubicación no se requerirá dejar constancia en el
proceso, y les serán del todo aplicables las
disposiciones de los incisos cuarto a décimo, inclusive,
del artículo anterior.
La violación del secreto del sumario será castigada
con la pena de presidio menor en sus grados medio a
máximo.
Artículo 35.- Para determinar si existe reincidencia
respecto de los delitos castigados por esta ley, se
tendrán también en cuenta las sentencias firmes dictadas
en un Estado extranjero, aun cuando la pena impuesta no
haya sido cumplida.
Asimismo, estos delitos serán susceptibles de
extradición, tanto activa como pasiva, aun en ausencia
de reciprocidad o de tratado sobre la materia.
Artículo 36.- En la sustanciación y fallo de los
procesos por los delitos a que se refiere esta ley, los
tribunales apreciarán la prueba de acuerdo con las
reglas de la sana crítica.
Artículo 37.- El Director del Servicio de Salud
respectivo, por sí o por delegado, podrá hacerse parte
en los juicios criminales que se sustancien por los
delitos previstos en los artículos precedentes; tendrá
todos los derechos de tal desde que se apersone en
ellos, sin necesidad de formalizar querella, y podrá
imponerse del sumario, a menos que el tribunal disponga
lo contrario, mediante resolución fundada.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso
anterior, corresponderá al Consejo de Defensa del Estado
el ejercicio de la acción penal en cualquiera de los
delitos a que se refiere esta ley cuando así lo acuerde.
Los servicios policiales enviarán copia de los
partes respectivos al Director del Servicio de Salud
correspondiente y al Consejo de Defensa del Estado,
dentro de las 24 horas de extendidos.
En los juicios criminales por delitos a que se
refiere esta ley, el tribunal podrá solicitar un informe
técnico a la Secretaría Ministerial que corresponda,
especialmente en cuanto al peligro que los hechos
investigados ofrezcan para la salud pública. El mérito
probatorio de este informe se regirá por el artículo 472
del Código de Procedimiento Penal.
Artículo 38.- Si se investigaren delitos previstos
en esta ley y en otras leyes penales cometidos por el
mismo hechor y que no sean conexos, los procesos se
tramitarán por cuerda separada ante el tribunal que
corresponda.
Asimismo, no procederá la acumulación de autos entre
procesos que conozcan diversos tribunales por delitos
contemplados en esta ley, a menos que, por causa
justificada y debidamente calificada, se dispusiere por
el tribunal superior común la acumulación de tales
procesos ante el tribunal que estime procedente.
Si la aplicación de las normas señaladas en los
incisos precedentes creare retardo o dificultades en la
práctica de medidas o diligencias que se relacionen con
el inculpado, tendrán preferencia las requeridas por el
tribunal que conozca los delitos previstos en esta ley,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, inciso
primero, del Código de Justicia Militar.
Los tribunales deberán remitirse recíprocamente
copias de los autos de procesamiento y de los fallos que
se dictaren en sus respectivas causas, las que deberán
agregarse a los correspondientes procesos.
El tribunal que dictare el último fallo no podrá
considerar aquellas circunstancias modificatorias de
responsabilidad criminal que, de estar acumulados los
procesos, no se hubieren podido tomar en cuenta.
El condenado podrá solicitar al tribunal superior
común, dentro del plazo de dos años, contado desde la
dictación del último fallo, la unificación de las penas,
cuando ello lo beneficiare.
Artículo 39.- Si el sentenciado no pagare la multa
impuesta sufrirá, por vía de sustitución, la pena de
reclusión, regulándose un día por cada media unidad
tributaria mensual. En todo caso, la reclusión no podrá
exceder de seis meses.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior,
en casos debidamente calificados, el tribunal podrá
eximir al condenado del pago de multa o imponerle una
inferior al mínimo establecido en esta ley, debiendo
dejar constancia en la sentencia de las razones que
motivaron su decisión.
Artículo 40.- No procederán las medidas alternativas
de reclusión nocturna y libertad vigilada contempladas
en los artículos 8° y 15 de la ley N° 18.216 respecto de
condenados por delitos previstos en esta ley, a menos
que les hubiere sido reconocida la circunstancia
atenuante establecida en el artículo 33.
"T I T U L O II {ARTS. 41-48}
De las faltas y su procedimiento
Artículo 41.- Los que consumieren alguna de las
drogas o substancias estupefacientes o sicotrópicas a
que hace mención el artículo 1°, en lugares públicos o
abiertos al público, tales como calles, caminos, plazas,
teatros, cines, hoteles, cafés, restaurantes, bares,
estadios, centros de baile o de música, o en
establecimientos educacionales o de capacitación, serán
sancionados con alguna de las siguientes penas:
a) Multa de media a diez unidades tributarias
mensuales;
b) Asistencia obligatoria a programas de prevención
hasta por sesenta días, en instituciones consideradas
como idóneas por el Servicio de Salud de la ciudad
asiento de la Corte de Apelaciones respectiva.
Se aplicará también, como pena accesoria, la
suspensión de la licencia para conducir vehículos
motorizados por el plazo máximo de seis meses.
Idénticas penas se aplicarán a quienes tengan o
porten en tales lugares las drogas o substancias antes
indicadas para su consumo personal exclusivo y próximo
en el tiempo.
Asimismo, serán sancionados con las mismas penas
quienes consuman tales drogas en lugares o recintos
privados, si se hubieren concertado con tal propósito.
La tenencia, porte o consumo por prescripción médica
no será sancionada.
El juez del crimen determinará la sanción
correspondiente de acuerdo con las circunstancias
personales del infractor y que conduzcan mejor a su
rehabilitación.
Si la falta se cometiere en lugares de detención,
recintos militares o policiales o en establecimientos
educacionales por quienes tienen la calidad de docentes
o son funcionarios o trabajadores, la sanción pecuniaria
se aplicará en su máximo.
Los que quebrantaren la condena o fueren
reincidentes en las faltas a que se refiere este
artículo, serán sancionados con las dos penas
establecidas en el inciso primero; o con el duplo de una
de ellas; o con prisión en su grado mínimo a medio,
según resulte de la aplicación del inciso sexto.
Si el sentenciado no pagare la multa dentro de los
cinco días de notificada la sentencia, sufrirá por vía
de substitución y apremio la pena de prisión,
regulándose un día por cada media unidad tributaria
mensual, sin que ella pueda exceder de treinta días.
El juez, una vez ejecutoriada la sentencia y con
acuerdo expreso del infractor, salvo que éste haya
quebrantado la condena, podrá conmutar la sanción
establecida en la letra a) del inciso primero y las
correspondientes del inciso octavo, por la realización
de trabajos determinados en beneficio de la comunidad.
La resolución que otorgue la conmutación deberá señalar
expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba
realizarse, su duración y la persona o institución
encargada de controlar su cumplimiento. Los trabajos se
realizarán por un tiempo no inferior al fijado para la
sanción que se conmute, ni superior al doble de ella, de
preferencia sin afectar la jornada laboral que tenga el
infractor y en los fines de semana, con un máximo de
ocho horas semanales. La no realización cabal y oportuna
de los trabajos determinados por el tribunal dejará sin
efecto la conmutación por el solo ministerio de la ley,
y deberá cumplirse íntegramente la sanción
primitivamente aplicada, a menos que el juez, por
resolución fundada, determine otra cosa.
Artículo 42.- Los agentes de policía estarán
obligados a detener a los autores de las faltas
señaladas precedentemente y a ponerlos directamente y de
inmediato a disposición del juez del crimen competente,
o a la audiencia más próxima, si no fuere hora de
despacho.
Sin embargo, los dejarán en libertad si los
detenidos tuvieren domicilio conocido, o ejercieren
alguna profesión o industria, o rindieren caución, en la
forma prevista por el artículo 266 del Código de
Procedimiento Penal, de que comparecerán a la presencia
judicial en la audiencia inmediata sin necesidad de otra
citación.
El tribunal pondrá en conocimiento del inculpado el
parte policial respectivo y lo interrogará de acuerdo
con su contenido. Lo dejará citado para una determinada
audiencia, otorgándole la libertad provisional si
procediere esta medida con arreglo a la ley. Al mismo
tiempo, requerirá informe acerca de anotaciones del
infractor en el registro a que se refiere el artículo 48
y un informe del Servicio de Salud respecto de la
naturaleza de la droga, en caso de estimarlo procedente.
Artículo 43.- En caso que el inculpado reconociere
ante el Tribunal su participación en los hechos
constitutivos de la falta que se le atribuye y se
allanare a la sanción que el mismo tribunal le
advirtiere que contempla la ley para estos casos, una
vez recibidos el o los informes a que se refiere el
artículo anterior, se dictará sentencia definitiva de
inmediato, la que no será susceptible de recurso alguno.
Se entenderá comprobado el hecho constitutivo de la
falta con las aseveraciones contenidas en el respectivo
parte o denuncia policial.
Artículo 44.- Si el inculpado negare los cargos que
se le formulan, se seguirá el procedimiento sobre las
faltas contemplado en el Título I del Libro Tercero del
Código de Procedimiento Penal, con excepción de lo
dispuesto en los artículos 553, 558, 559, 560 y 564. Sin
perjuicio de lo anterior, no será necesaria la
asistencia de los testigos de cargo si éstos son
funcionarios o agentes de la policía. Se tendrán como
testimonios legalmente prestados las declaraciones
contenidas en los respectivos partes o denuncias si en
ellas aparece la firma de los aprehensores debidamente
autorizada por el superior jerárquico de servicio al
momento de la detención. El tribunal podrá citar a
prestar testimonio a dichos funcionarios en caso de
estimarlo necesario.
La sentencia definitiva deberá dictarse dentro del
plazo de diez días.
Artículo 45.- Toda sentencia condenatoria por alguna
de las faltas anteriores, además de contener los
requisitos señalados en el artículo 562 del Código de
Procedimiento Penal, establecerá la obligación del
condenado de ser examinado por un médico calificado por
el Servicio de Salud correspondiente con el fin de
determinar si es o no es dependiente de substancias
estupefacientes o sicotrópicas, la gravedad de tal
dependencia y el tratamiento que debiera seguir el
afectado. En todo caso, el aludido examen podrá ser
decretado desde que se inicie el respectivo
procedimiento.
Recibido el informe por el tribunal, éste hará
comparecer al condenado en persona y le hará notificar
la resolución que le imponga el tratamiento aconsejado
en el dictamen médico.
En caso de resistencia o negativa del afectado a
practicarse el examen o el tratamiento médico decretado,
el juez de la causa ordenará las medidas conducentes a
dicho cumplimiento, pudiendo al efecto disponer su
arresto hasta por ocho días, sin perjuicio de repetir el
apremio.
El Ministerio de Justicia, previo informe del
Ministerio de Salud, entregará anualmente a la Corte de
Apelaciones respectiva la lista de médicos que estén
habilitados para practicar los exámenes y emitir los
informes a que se refiere este artículo.
Artículo 46.- Las disposiciones de este Título se
aplicarán también a los menores de 18 años y mayores de
16, los que serán puestos a disposición del juez de
menores correspondiente, el que, prescindiendo de la
declaración de haber obrado o no con discernimiento, les
impondrá en la sentencia respectiva alguna de las
siguientes medidas:
1.- Asistencia obligatoria a programas de prevención
por un máximo de 50 días en instituciones consideradas
como idóneas por el Servicio de Salud de la ciudad
asiento de la Corte de Apelaciones respectiva. Esta
medida se cumplirá, en lo posible, sin afectar la
jornada escolar o laboral del infractor.
2.- Participación del menor, con acuerdo expreso de
éste, en actividades determinadas a beneficio de la
comunidad, hasta por un máximo de 30 horas. El juez de
menores deberá indicar el tipo de actividades de que se
trate, el lugar en que se desarrollarán y el organismo o
autoridad encargada de su supervisión. Esta medida se
cumplirá sin afectar la jornada escolar o laboral del
infractor.
Los que no cumplieren las medidas o fueren
reincidentes en las faltas sancionadas en este Título
serán objeto de ambas medidas, o de una sola de ellas
cuya duración se extenderá hasta el doble del tiempo
estipulado.
Los menores de 16 años que incurrieren en alguna de
las conductas descritas en el artículo 41 de esta ley
serán sometidos a las normas de la Ley de Menores, N°
16.618, y el juez respectivo podrá imponerles algunas de
las medidas establecidas en dicha ley o la que se
contempla en el N° 1 de este artículo, si resulta
conducente a su rehabilitación. El juez deberá, en todo
caso, ordenar el examen médico a que se refiere el
artículo 45 y disponer la obligación del menor de seguir
el tratamiento que se aconseje, pudiendo ordenar las
medidas conducentes a su cumplimiento.
Artículo 47.- Las faltas a que alude el artículo 41
serán de conocimiento del juez del crimen competente, de
acuerdo con las reglas generales, sin que proceda su
acumulación a otros procesos criminales instruidos
respecto del mismo hechor.
Artículo 48.- Se procederá a anotar en un registro
especial, a las personas condenadas por alguna de las
faltas anteriores, debiéndose remitir, para estos
efectos, al Servicio de Registro Civil e Identificación
copia íntegra de la sentencia autorizada por el
secretario dentro de tercero día de haber quedado
ejecutoriada.
A requerimiento del tribunal, el Servicio de
Registro Civil e Identificación informará, dentro del
plazo de 48 horas, acerca de las anotaciones del
inculpado en el registro a que se refiere el inciso
anterior.
"T I T U L O III {ARTS. 49-59}
Disposiciones varias
Artículo 49.- Un reglamento señalará las substancias
y especies vegetales a que se refieren los artículos 1°,
2°, 6° y 10; los requisitos, obligaciones y demás
exigencias que deberán cumplirse para el otorgamiento de
las autorizaciones a que se refiere el artículo 2°, y
las normas relativas al control y fiscalización de
dichas plantaciones.
Artículo 50.- El Ministro de Justicia podrá disponer
que los extranjeros condenados por alguno de los delitos
contemplados en esta ley puedan cumplir en el país
propio de su nacionalidad las penas corporales que les
hubieren sido impuestas.
Para estos efectos, habrá de atenerse a los tratados
internacionales vigentes sobre la materia.
Artículo 51.- Los abogados, estudiantes y egresados
habilitados para actuar judicialmente que se desempeñen
como funcionarios o empleados contratados a cualquier
título en los servicios de la administración del Estado
o en instituciones o servicios descentralizados,
territorial o funcionalmente, no podrán patrocinar ni
actuar como apoderado o mandatario de inculpados o
procesados por crímenes, simples delitos o faltas a que
se refiere esta ley. Si se tratare de
crímenes o simples delitos, la infracción a esta
prohibición se sancionará administrativamente con la
destitución del cargo o término del contrato. Si se
tratare de faltas, se considerará infracción grave a sus
obligaciones funcionarias, pudiendo disponerse hasta la
destitución o el término del contrato.
No se aplicará la prohibición establecida en el
inciso anterior a los abogados que se desempeñen como
funcionarios de las Corporaciones de Asistencia
Judicial, a los contratados por éstas y siempre que no
ejerzan alguna de las funciones a que se refiere dicho
inciso, y a los egresados de las Facultades de Derecho
que estén realizando la práctica gratuita requerida para
obtener el título de abogado, cuando en esas calidades
la respectiva Corporación les encargue intervenir en la
defensa de personas naturales beneficiarias de la
asistencia jurídica gratuita.
Artículo 52.- Incorpórase el siguiente artículo en
el Código de Justicia Militar:
"Artículo 299 bis.- El militar que fuere sorprendido
en alguno de los lugares o situaciones señalados en el
artículo 5°, N° 3, de este Código, consumiendo alguna de
las substancias señaladas en el artículo 1° de la ley
que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Substancias Sicotrópicas, o en circunstancias que hagan
presumir que acaba de hacerlo, será sancionado con la
pena de presidio o reclusión menores en sus grados medio
a máximo y multa de diez a cien unidades tributarias
mensuales. La misma sanción se aplicará al militar que
fuere sorprendido, en idénticas circunstancias, portando
dichas substancias para su exclusivo uso personal.
Las penas indicadas en el inciso anterior no se
aplicarán a los que justifiquen el uso, consumo, porte o
tenencia de alguna de dichas substancias en virtud de
prescripción médica.".
Artículo 53.- Sustitúyese el artículo 193 del Código
Aeronáutico por el siguiente:
"Artículo 193.- El personal aeronáutico que
desempeñe sus funciones bajo la influencia del alcohol o
de drogas estupefacientes o sicotrópicas, será castigado
con presidio o reclusión menores en sus grados medio a
máximo y multa de diez a cien unidades tributarias
mensuales.
En caso de reincidencia, el tribunal decretará la
cancelación definitiva de su licencia.".
Artículo 54.- Sustitúyese el artículo 34 del decreto
con fuerza de ley N° 292, de 1953, que aprueba la Ley
Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo
y de Marina Mercante, por el siguiente:
"Artículo 34.- La Autoridad Marítima, sin perjuicio
de sus demás funciones y facultades, podrá llevar a cabo
en el mar territorial y en aguas interiores, las
actividades que se señalan a continuación, en las
circunstancias que en cada caso se indican:
a) Retener a personas, naves o artefactos navales, a
fin de proceder a su identificación y registro, pudiendo
también exigir la exhibición de libros, anotaciones,
comprobantes y, en general, de todo documento mercantil
o naviero para proceder a su inmediato examen, cuando
existan motivos razonables para sospechar que una nave
está siendo utilizada para el tráfico ilícito de
substancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.
Podrá, asimismo, adoptar todas las medidas
necesarias para abordar naves o artefactos navales
sospechosos de ser utilizados en dicho tráfico.
b) Cuando se comprobare la existencia de un hecho
que revista los caracteres de alguno de los delitos
contemplados en la Ley que Sanciona el Tráfico Ilícito
de Estupefacientes y Substancias Sicotrópicas, podrá
prolongar la retención de la nave o artefacto naval por
el tiempo necesario para poner a los presuntos
responsables y a la nave o artefacto naval a disposición
del tribunal. Asimismo, estará facultada para incautar
la pertinente documentación, debiendo levantar acta de
lo obrado, la que remitirá junto con los documentos al
tribunal.
c) Establecer, en las naves o artefactos navales y
en los recintos portuarios, en los casos a que se
refiere la letra precedente, áreas de permanencia y de
circulación restringida de personas y mercancías, cuya
mantención o alzamiento será resuelto por el tribunal
correspondiente.
Las medidas establecidas en este artículo se
aplicarán también a las naves que enarbolen el pabellón
nacional y que hacen uso de la libertad de navegación,
con arreglo al derecho internacional. Tratándose de
naves extranjeras, se estará en todo a lo dispuesto en
los convenios y acuerdos internacionales sobre la
materia.".
Artículo 55.- Para los efectos de lo establecido en
el N° 3 del artículo 6° del Código Orgánico de
Tribunales, en cuanto al sometimiento a la jurisdicción
chilena de crímenes y simples delitos perpetrados fuera
del territorio de la República, las disposiciones de la
presente ley se entenderán comprendidas en el Párrafo 14
del Título VI del Libro II del Código Penal, sobre
crímenes y simples delitos contra la salud pública.
Artículo 56.- Créase en el Consejo de Defensa del
Estado un Departamento de Control del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, al que corresponderá efectuar la
investigación preliminar a que se refiere el artículo 14
de esta ley, como, asimismo, supervigilar y coordinar el
ejercicio y sostenimiento de la acción penal tratándose
de alguno de los delitos tipificados en el artículo 12.
Artículo 57.- Créanse en las plantas de personal del
Consejo de Defensa del Estado contenidas en el artículo
37 del decreto con fuerza de ley N 1, de Hacienda, de
1993, los siguientes cargos:
a) En la planta de Directivos, un cargo de Jefe del
Departamento de Control del Tráfico Ilícito de
Estupefacientes, grado 3;
b) En la planta de Profesionales, un cargo de
profesional, grado 5; tres, de grado 6; uno, de grado 7
y uno, de grado 8;
c) En la planta de Técnicos, un cargo de técnico,
grado 9; uno, de grado 15 y uno, de grado 16;
d) En la planta de Administrativos, un cargo de
administrativo, grado 12, y uno, de grado 14, y
e) En la planta de Auxiliares, un cargo de auxiliar,
grado 20.
Para el ingreso y promoción al cargo de la planta de
Directivos, Jefe de Departamento de Control del Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, grado 3, será exigible el
requisito de experiencia mínima de cuatro años en el
Servicio. Para el ingreso y promoción a los cargos de la
planta de Profesionales, grados 7 y 8, a que se refiere
la letra b) precedente, se requerirá título profesional
de contador auditor y dos años de experiencia en el
sector público o privado.
Artículo 58.- El mayor gasto fiscal que represente
la aplicación de esta ley se financiará con cargo al
ítem 50-01-03-25-33.104, de la partida presupuestaria
Tesoro Público.
Artículo 59.- Derógase la ley NÓ 18.403.
Con todo, la ley N° 18.403 continuará vigente para
los efectos de la sanción de los delitos en ella
contemplados y perpetrados con anterioridad a la
publicación de esta ley, en cuyo caso la pena se
regulará, además, según lo dispuesto en el artículo 18
del Código Penal. La tramitación de los respectivos
procesos, la prueba y la apreciación de la misma, se
regirán, sin embargo, por las normas de esta ley.
Toda referencia legal o reglamentaria a la ley NÓ
18.403 debe entenderse hecha a esta ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS {ARTS. 1TRANS-2TRANS}
Artículo 1°.- En tanto no se dicte el reglamento a
que se refiere el artículo 49, regirá el actual.
Artículo 2°.- Sustitúyese en la Partida 08,
Caplítulo 30, Programa 01, de la ley N° 19.259, de
Presupuestos, correspondiente al Consejo de Defensa del
Estado, la dotación máxima de personal fijada en 298 por
311.".
Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1°
del Artículo 82 de la Constitución Política de la
República, y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 12 de enero de 1995.- EDUARDO FREI
RUIZ-TAGLE, Presidente de la República.- María Soledad
Alvear Valenzuela, Ministra de Justicia.- Carlos
Figueroa Serrano, Ministro del Interior.- Edmundo Pérez
Yoma, Ministro de Defensa Nacional.- Eduardo Aninat
Ureta, Ministro de Hacienda.- Fernando Muñoz Porras,
Ministro de Salud Subrogante.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
Saluda atentamente a Ud., Mireya Carrizo Inostroza,
Subsecretario de Justicia Subrogante.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la
Ley N° 18.403
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de su constitucionalidad, y que por
sentencia de 4 de enero de 1995, declaró:
1. Que el inciso tercero del artículo 16, y las
frases "una vez resuelta o", "en su caso," y "resolución
administrativa o", contenidas en el inciso séptimo del
mismo artículo, del proyecto remitido, son
inconstitucionales, y deben eliminarse de su texto.
2. Que las disposiciones contempladas en los incisos
cuarto, quinto y séptimo -salvo las frases "una vez
resuelta o", "en su caso," y "resolución administrativa
o" - del artículo 16 y el artículo 47, del proyecto
remitido, son constitucionales.
3. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre
las normas de los incisos primero, segundo, sexto,
octavo y noveno del artículo 16, del proyecto remitido,
por versar sobre materias que no son propias de ley
orgánica constitucional.
Santiago, enero 4 de 1995.- Rafael Larraín Cruz,